Derribos (III) diferidos

Siempre me ha llamado la atención este edificio de la Plaza Portugalete, casi frente a la catedral. No parece mal lugar para situar una residencia si te gusta vivir en el mismo centro de la ciudad, o para un despacho profesional, o un comercio. Pero su aspecto no anima mucho. Quizás por eso se presentó una solicitud de ruina en el ayuntamiento; en el boletín oficial de la provincia de hace unos días sale la historia. Durante los trámites, el ayuntamiento requirió información adicional al propietario; concretamente, la relación de ocupantes del inmueble, que aun siendo obligatoria, parece que casualmente se olvidó. Y todavía queda uno (o una). Y como la ley dice que hay que hacer llegar todas las notificaciones, copias de informes, etc, no sólo al peticionario, sino también a los ocupantes aunque no sean propietarios, pues la cosa se demoró bastante, hasta el punto de que la propiedad pide que se le conceda la declaración de ruina por silencio administrativo. Finalmente, el ayuntamiento resuelve que, de silencio positivo, nada, y desestima la petición, porque el coste de las obras de reparación no excede el límite del deber legal de conservación, según sus propios cálculos. Contra este acuerdo puede presentarse un recurso de reposición, y todas esas cosas jurídicas. Pero lo que ahora me pregunto es: si el coste de las obras para mantener las condiciones de seguridad y estabilidad de la casa no es tan elevado como para superar ese límite del deber legal, ¿el propietario adecentará el edificio, o simplemente esperará a que se estropee más para que una posible restauración salga más cara y, finalmente, le concedan la ruina y pueda así desalojar al inquilino? Me inclino por la segunda opción.